Las líneas a continuación intentan registrar un suceso vivido en tiempos extremadamente difíciles. La narradora es hija, ciudadana y socióloga y desde esa convergencia construye una alerta de los escenarios que se repetirán en el futuro si no cambiamos nuestra comprensión del Estado y de nuestra propia ciudadanía.

Migrar, emprender, enfermar y morir

Por Jacqueline Minaya

La primera muerte por Covid-19 en el país ocurrió el 19 de marzo. De entonces a ahora son más de 36 mil las vidas cobradas por la pandemia, de acuerdo a las cifras oficiales. Solo en el mes de junio se registraron 9677 muertes atribuidas al virus. Solo el día 30 fallecieron 173 personas. Entre ellas, mi padre, Juan Minaya, de 65 años, una de las tantas víctimas de un sistema de salud fragmentado, precario, que nos enfrenta a la ineficiencia estatal y al abuso de las clínicas privadas.

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Como millones de peruanos, mi padre migró para buscar una vida mejor. Vino a Lima desde Jauja y a Jauja llegó desde la zona metalúrgica de La Oroya, donde su padre, Ernesto, fue obrero de la Cerro de Pasco Corporation. La muerte de mi abuelo en 1962 marcó el inicio de la vida laboral de mi papá, quien debió empezar a trabajar junto a su madre y sus seis hermanos, despojados de todo lo que tenían en el barrio obrero de La Oroya, incluida una parte de la felicidad de los días pasados.

Desde entonces mi papá trabajó con todo y de todo: fue agricultor, cargador, lustrabotas, vendedor de pescado, ambulante y finalmente costurero, actividad esta última que marcó su identidad laboral desde su juventud hasta su muerte. Con los años, mientras Lima se transformaba por las migraciones y la economía informal, mi papá empezó a creer en algo: solo se sale adelante gracias al mérito propio, al esfuerzo. Crecí escuchándole decir que “nada caerá del cielo” (aunque creía mucho en Dios), que “no estiremos la mano al Estado”, que “la tinka ganadora son los lomos de uno”, y así.

En su propia experiencia, esa creencia en sí mismo y ese “no esperar nada del Estado” de algún modo funcionó. Sin argollas, sin grandes apellidos, sin timar a nadie, solo con sus estudios secundarios en una escuela nocturna. Mi padre siempre soñó con construir algo de lo que él pudiera sentirse orgulloso. Y lo hizo: aunque con algunas limitaciones desafortunadas, yo no viví la pobreza que él vivió. Tuve una casa, educación y mucho amor.

No se decidió por la política partidaria, no había tiempo. Juan Minaya generó empleo desde el taller que construyó a pura dedicación y desde ahí aportó a la economía del país. A los millones de hombres y mujeres como él, que hacían “desde abajo” y sin esperar nada “de arriba” se les llamó “emprendedores”. En paralelo a su crecimiento económico personal y familiar, el Estado les daba la razón en su descreimiento haciéndose más pequeño, menos protector, fue desapareciendo de su horizonte de vida, de sus proyectos y demandas.

Esa generación “emprendedora” de la que fue parte mi padre, supo sobrevivir y ser recursiva frente a olas lacerantes como el terrorismo de los años ochenta y noventa, la hiperinflación del primer gobierno de García, la epidemia del cólera, el shock económico en la primera era de Fujimori, entre otros sacudones que marcaron su juventud, la fundación de sus nuevas familias y su vida productiva. Con justicia, podían pensarse a sí mismos como sobrevivientes.

El Estado, más que ausente, se movía: unas veces sigiloso, otras bruscamente, librando a su suerte a los emprendedores que decía promover abriendo el mercado y desregulando el empleo, mientras desaparecía la seguridad social y reducía la salud pública a su mínima expresión. Los peruanos aprendimos a enfrentar esta situación de desprotección general con una máxima que mezcla cinismo y resignación: “yo igual tengo que trabajar”. Trabajando siempre hemos salido adelante. La pandemia llegó para poner en cuestión estas certezas.

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Ya con el COVID-19 circulando en todas partes, el día a día en El Agustino era muy difícil. Cada vez más contagios se confirmaban en la zona. Nuestra calle se había convertido en un campo ferial y no muy lejos de allí, las colas para cobrar el bono social parecían empeorar la situación.

Al empezar junio, mi padre presentó tos y una “gripe” fastidiosa. A la tos se le sumó un cansancio pronunciado. De pronto, yo dejé de percibir los olores. Era la señal de que el virus estaba en nuestra casa, en nuestro sistema. Probablemente mi padre se contagió en la cola del banco para un trámite necesario o al entregar la mercadería de su trabajo. Para adquirir los alimentos, yo iba al mercado, no había otra forma de abastecerse. Todos estábamos en peligro.

Para entonces, los hospitales y centros de salud estaban colapsados. No había pruebas rápidas de alcance masivo y las moleculares eran muy caras. El mensaje del Ministerio de Salud sobre la pronta reanudación de la atención en centros de salud era bastante confusa. Mi madre nos reportó al 107, la línea telefónica habilitada por el Ministerio. Alarmada por el estado de mi padre, que ya no salía de la cama, el domingo 7 de junio, por recomendación de una amiga, hablé por teléfono con dos médicos, uno de ellos internado en el hospital recuperándose del virus.

Luego de escuchar a los médicos, decidí llevar a Emergencias a mi papá. “Vamos y regresamos”, le dije, “solo necesitas más ayuda”. A regañadientes, quizá con un poco de miedo, aceptó. Ese día había toque de queda, no circulaban autos. En una realidad paralela, sin pandemia, ese día hubiéramos estado celebrando el cumpleaños de mi hermano. Pero estábamos en una desierta avenida Riva Agüero, esperando conseguir un taxi pirata que hiciera las veces de ambulancia. Fuimos al hospital Almenara, ya que mi papá es asegurado de Essalud. Esa condición no valió de mucho. Todo colapsado mientras la respiración de mi padre se deterioraba. Preguntando qué hacer o dónde ir, terminamos en la Clínica Jesús del Norte del Grupo San Pablo, en Independencia.

Mientras mi padre recibía oxígeno de emergencia, con mi familia tratábamos de averiguar la ruta para ingresarlo como asegurado a un hospital y, a la par, estábamos pendientes de que nos confirmen que podía quedarse internado en la Jesús del Norte. Ya de noche, permanecimos en las afueras de la clínica, esperando concretar una vía o la otra. Mientras aguardábamos, un carro se estacionó bruscamente, alguien bajó pidiendo ayuda a gritos. La escena se repitió varias veces. En dos de ellas, ví morir a dos personas, dos personas que al igual que mi padre habían llegado cada una en el asiento trasero de un taxi. Escuchamos cómo con esas dos personas, el grito de ayuda de sus familiares se convirtió, en un minuto, en llanto de sorpresiva despedida; en rabia. Nosotros quizá habíamos tenido “suerte”. En ese momento no lo sabía, pero luego de ese día no volvería a ver o escuchar a mi papá.

Cuando se liberó una cama en la clínica, una señorita empleada me indicó que tenía media hora para pagar treinta mil soles. De otro modo, le asignarían la cama a otra persona. Mi hermano y yo nos prestamos el dinero y cumplimos, no sé cómo, el plazo. Una semana después, cuando mi padre requirió una cama en UCI que no lográbamos conseguir en un centro público, la clínica nos pidió “asegurar” una plaza en su propia unidad de cuidados intensivos, pagando 82 mil soles. Conseguimos reunir 40 mil y por el saldo, nos endeudamos con el Grupo San Pablo, los dueños de la clínica. Los cobros, que me parecían exorbitantes, eran siempre presentados como condición para recibir atención. Quiero decir, el pago no se exigía solo como condición para pasar de un internamiento regular a uno de cuidados intensivos, sino que era presentado como necesario para continuar la atención del paciente en el sentido más elemental.

Temiendo que un “descuido” del personal perjudicara aún más a mi padre, me seguí endeudando con la clínica. En un breve texto por Whatsapp -única comunicación posible en ese punto- le expliqué a mi papá que pasaría a UCI y que lo dormirían. Aceptó, aunque estaba muy asustado. Confió en su familia. Conseguirle atención en cuidados intensivos fue su regalo del día del padre.

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A fines de junio, y luego de varios reportajes televisados sobre el abuso en los cobros de clínicas privadas a pacientes de casos COVID-19, el presidente Martín Vizcarra lanzó un ‘ultimátum’ de 48 horas citando al artículo 70 de la Constitución Política, sugiriendo que el gobierno intervendría a las clínicas si estas no establecían tarifas de atención razonables. Amigos y amigas que sabían lo que estábamos pasando me enviaban la información por Whatsapp o me llamaban por teléfono. Me preguntaba si ello podría significar un poco de tranquilidad.

Ya en UCI los médicos identificaron que mi padre requería una hemodiálisis. De manera increíble, el establecimiento no contaba con un nefrólogo para la intervención durante el fin de semana, y tampoco para el lunes que seguía, porque era feriado. Durante tres días la clínica dio largas para justificar su incapacidad de realizar un tratamiento requerido y cuando al fin logró contar con el profesional, condicionaron la intervención a un pago de treinta mil soles para seis sesiones. La insensibilidad en la forma de cobro y la poca racionalidad de los plazos aún hoy me sorprende. Luego de permanecer en la clínica, el 29 de junio, entre las ocho de la mañana y las nueve de la noche, volví a casa esperando saber cómo reaccionaría mi padre a la primera hemodiálisis.

Mi padre falleció el 30 de junio a las cinco y veinte de la mañana. Mi celular sonó a las cinco y treinta con el aviso del médico. Con el resto de lucidez que conservé tras dar la noticia a mi madre, marchamos a la clínica esta vez acompañadas por una periodista a la que había conocido en los trajines de esas semanas. Por si se necesitaban testigos o ayuda en una denuncia. Y sí. El certificado de defunción consignaba un “virus no identificado”, información falsa que cambiaron ante nuestros reclamos. No pude abrazar ni a mi mamá ni a mi hermano en el cementerio. El protocolo. En silencio me pregunté: ¿de quién es este entierro? ¿mi papá murió? Con los ojos cerrados lo imaginaba trabajando en el taller con mi hermano, o entrando a la casa, saludándome con un “hola chocherita”. Cuando terminó la ceremonia, me toqué las rodillas sintiéndome como si hubiera terminado de correr una maratón.

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En la víspera de la muerte de mi padre, gobierno y clínicas privadas concluyeron su negociación. Se terminó firmando un acuerdo endeble, que no cesó los abusos, ni revirtió cobros injustificados. Lo que se negoció fue una tarifa de referencia por día, estableciéndose que las clínicas recibirían de Essalud un pago por la atención de sus asegurados en UCI, y que devolverían a las familias los pagos ya realizados. Aunque fue un acuerdo ventajoso para ellas, las clínicas insistieron en ocultar información de sus ex pacientes a las familias y a Essalud.

Descubrí por ejemplo que, pese a mi solicitud, primero verbal y luego formal, escrita, la clínica nunca inició las gestiones con Essalud para que cubriera los gastos de mi padre. La consecuencia es que, según la clínica, la atención de mi padre no estaría cubierta por el acuerdo firmado con el gobierno. Cuando fui a la clínica a pedir la facturación, me la negaron. Los de la clínica sabían que los montos estaban hiperinflados, y tenían a la prensa encima. Solo luego de que mi familia denunciara en el diario La República esa negativa de información, nos llamaron a una reunión. Así que el primer lunes de julio estaba yo en una oficina con el gerente de la clínica, un médico y una joven que atendía el área de cobranza. En resumen: en mi “caso” reducirían los costos de los medicamentos; que no habían hecho, ni en adelante harían ninguna gestión ante Essalud. Le consulté al gerente por los montos de medicamentos, ahora repentinamente reducidos. Le pregunté cuáles eran los montos reales. Sus palabras fueron: “No podemos decir qué es real o qué irreal porque nos regimos por el libre mercado”. Salí de ahí asqueada.

La conversación con el gerente de la clínica Jesús del Norte dejó en claro la filosofía de su negocio. Uno, las clínicas inventan deudas a familias en apuros, basadas en cobros injustificados sobre servicios, materiales y sustancias que no está del todo claro que se hayan necesitado, o que realmente se haya usado en las cantidades y oportunidades consignadas. Dos, salvo que exista un poco de publicidad negativa, no harán ningún ajuste a ese sistema, por más ultimátum de un presidente de la República. Tres, ni las clínicas, ni Essalud están activamente interesados en hacer las gestiones para honrar el aseguramiento de Juan Minaya o de cualquier otro paciente de COVID-19.

Más de una vez durante la emergencia sanitaria escuché al ahora ex presidente Vizcarra que la ineficiencia estatal en salud venía de hace muchos gobiernos atrás. Tenía razón. El estado abandonó el sistema de salud público y a la par, acostumbró a los grandes grupos privados a ganar a costa de todo. Tenía razón, pero ese argumento no puede ser usado para eludir responsabilidades actuales. Durante la muy pequeña oportunidad para prepararnos y tomar las experiencias de otros países, de las que estábamos de sobra informados en estos tiempos de inmediatez, ¿Qué hizo el Estado para agenciarse de oxígeno que de hecho se iba a requerir? ¿Qué planificación hubo en torno a las camas de hospitales y la prioridad de atención? ¿Qué candados previos se puso a las clínicas para evitar abusos? ¿Cómo se preparó el mensaje para la identificación y atención a los primeros síntomas de la enfermedad? ¿Cómo se prepararon los gobiernos locales para el cuidado de los ciudadanos? Y ya con la enfermedad arrasando, ¿Por qué su gobierno dejó intacta la carta libre que tiene el sistema privado de salud para usar el dolor de las familias como principal fuente de ganancia?

Tras la muerte de mi padre, decidí dar a conocer a los medios la experiencia de mi familia, y la conducta de los representantes de la Clínica Jesús del Norte. El principal impedimento, el miedo a posibles represalias contra mi padre internado, ya no tenía asidero. De cualquier modo, el proceso que implica la denuncia pública es emocionalmente muy intenso y desgastante. Con tantas familias atravesando por situaciones similares, esa acción era necesaria. Un reportaje noticioso logró que las clínicas reduzcan su margen en las facturas de farmacia. Otro, reveló el sistema por el cual clínicas, empresas comercializadoras de medicamentos y farmacéuticas subrepticiamente concertan precios desde hace años, sin que ninguna entidad estatal intervenga. Un video con mi declaración se viralizó, y sé que animó a muchas familias a contar las situaciones de abuso que experimentaban.

Aunque creo que hacer estas denuncias era necesario, me sentí incómoda conmigo misma. Incluso por la empatía o solidaridad que pudiese despertar “mi caso”. He llegado a sentirme culpable de que mi padre haya conseguido cama y otros no, o porque pude endeudarme y pagar una cama, asegurar a mi padre un tránsito a la muerte con un mínimo de dignidad y no la desdicha de morir en el asiento de un taxi, en la calle, o en casa sin ninguna atención. Pero también me pregunto, ¿Qué clase de privilegio es conseguir una cama UCI en una clínica usurera? ¿Acaso en una situación como la que desató el Covid-19, no todos deberíamos tener derecho a ser atendidos en cualquier establecimiento en iguales condiciones en lo que a salud se refiere?

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Mi padre vivió una vida apasionante. Intentó y supo de alguna manera hacerla suya, no someterse a ella como a una fatalidad. Soñó con salir de la pobreza, con tener una familia, con ver el resultado de su propio esfuerzo. Y lo consiguió. Mi hermano se dedicó a los negocios. Yo fui a la universidad pública y me formé como socióloga. Con la muerte de mi padre en estas circunstancias que hacen tan evidentes las conexiones entre lo privado y lo público, me he percatado mejor de algunos aspectos que suelen ser minimizados por las ciencias sociales y política. Me refiero a la empatía y la solidaridad como potencia para cambiar la vida de la gente y generar cambios. Me refiero al tejido social cotidiano, en días donde para todo ha sido difícil seguir: la búsqueda de camas, los avisos de precios y lugares de venta de medicamentos o de oxígeno, las denuncias de actos infames y hasta las cadenas de oración se vuelven acciones colectivas que revelan un fondo de solidaridad que persiste en nuestro país pese a décadas de individualismo y filosofía de éxito. Esta es una de las principales lecciones que emergen de la pandemia: empatía y respeto. Lamentablemente, el Estado y las fuerzas políticas que se suceden en su administración parecen estar muy retrasadas en esas dimensiones que están a la base de la solidaridad.