Una conversación sobre el aborto en el Perú

Indira Huilca: El aborto terapéutico se legalizó en nuestro país en 1924. A la luz de la legalización del aborto en Argentina y el avance de esta agenda en Chile ahora, ¿cómo explicar nuestro rezago institucional, las resistencias a la aplicación del aborto terapéutico y la insistencia en criminalizar a las mujeres, a casi cien años de contar con una medida pionera en la región?

Jennie Dador: Yo creo que nuestro país está inmerso en lo que vive y sucede en la región. En los otros países hay un movimiento, conquistas y avances que han sido progresivos. Cada país sigue rutas distintas, una cosa ha sido Colombia, otra Chile o Argentina. Lo que sí está claro es que hay un movimiento de mujeres y aliados que están impulsando estos cambios y reformas en la sociedad, y que la disputa ya no es jurídica, sino política: los argumentos jurídicos en contra de la despenalización del aborto no existen más; el derecho ha evolucionado, desde el campo jurídico ya no es posible levantar argumentos en contra. Las disputas son más bien en el terreno político y en el terreno social.

Si revisamos los antecedentes en el Perú, efectivamente, no es un tema nuevo; son casi cien años que el aborto terapéutico está despenalizado por el Código Penal de 1924. Incluso antes, en el primer Código Penal que tuvo la República, en 1863, se regulaba el aborto; no había aborto terapéutico porque la causal salud y vida en riesgo estaba vinculada a un conocimiento de la salud y la ciencia, lo que había era una figura de aborto atenuado, el que se hacían las mujeres o el que ellas autorizaban y les hacían otras personas, y que era el realizado con la finalidad de “ocultar su fragilidad”, y su fragilidad era que había “entregado su virginidad” y producto de esas relaciones sexuales extramatrimoniales había un embarazo. Si abortaba ese embarazo, era una pena atenuada, porque lo que tenía que ocultarse era en favor del honor de la familia y de la reputación de la mujer.

Luego, en el código de 1924 todos los abortos se penalizan, pero queda despenalizado el aborto terapéutico con la redacción exactamente igual que tenemos al día de hoy. Y también, cuatro años después, en 1928, no en el Perú pero en la región, un grupo de legisladores, varones todos, propusieron incluir la despenalización del aborto en el Código Penal en aquellos casos donde el embarazo fuese producto de una violación. Es importante mirarnos como país, pero también considerar que no estamos solos en la región, ni en el mundo. En Perú, si bien las luchas se enfocaron desde los colectivos de mujeres, fundamentalmente, en conseguir el voto, a finales de los 70, los movimientos de mujeres estaban también levantando la agenda de la despenalización del aborto, porque siempre ha sido una realidad en la vida de las mujeres, era una demanda ciudadana y de las mujeres en los partidos políticos. En muchos casos no tuvo éxito y significó la salida de muchísimas mujeres de los partidos, fundamentalmente de izquierda, a diferencia de lo que ocurrió en otros países de la región. Partidos de posiciones progresistas, a mediados de los 80, empiezan a tornarse conservadores.

Ya en ese contexto, a finales de los setenta, inicios de los ochenta, ¿cuál fue el destino de las iniciativas legales relativas a la despenalización?

La Constitución del 79 es un parteaguas importantísimo en la vida de las mujeres porque se declara la igualdad entre los sexos, jurídicamente se declara que tenemos la condición de sujeto de derecho, se incorpora a las mujeres iletradas a la ciudadanía, ya que en el 55 el sufragio fue sólo para las mujeres que sabían leer y escribir. También se des oficializa la religión católica del Estado que tutelaba la vida de las mujeres.

A partir de los 80 vamos a encontrar un conjunto de iniciativas legislativas que tenían que traducir los cambios de la Constitución del 79: debía cambiar el Código Civil, el Código Penal, toda la legislación. Para el nuevo Código Penal hubo tres o cuatro propuestas y en todos se planteaba la despenalización del aborto. Este proceso va a concluir en 1989 con una propuesta de Código Penal que despenalizaba el aborto en casos de violación y el aborto que se llamó eugenésico, en caso de malformaciones. Esta propuesta se aprueba en la cámara de diputados y en el Senado, se le entrega al Presidente de la República Alan García, para su promulgación. Imagino que habrá pensado: inflación galopante, estatización de la banca, lucha contra el terrorismo… ¿y encima me voy a abrir un problema con la iglesia católica?. Además su amigo entrañable era el cardenal Landázuri, entonces probablemente se dijo ni hablar. Devolvió el proyecto aprobado al Congreso diciendo que era un tema que merecía mayor debate y no firmó el Código Penal.

¿Cómo fue que se inició esta modificación del Código Penal?

No fue una iniciativa aislada. Los penalistas de ese momento, Felipe Villavicencio Ferrero, Peña Cabrera (padre), José Ugaz, Hurtado Pozo, desde el derecho penal sostenían que el aborto no tenía que estar en el Código Penal, que ese no era su lugar, sino que merecía un tratamiento, una regulación. Había en la región una corriente de criminología crítica, de cuestionar al derecho penal y el rol de control de las sociedades que se le había querido asignar, el considerar que los que terminan en las cárceles suelen ser los más pobres, los más excluidos. La idea fue que el derecho penal no resolvía el problema, que no se le veía como un problema de salud, sino como un problema social en aquella época.

Un problema de pobres…

Exacto, un tema de pobreza. Estamos hablando de una época en la que todavía el Estado no entregaba anticonceptivos, que no eran de acceso generalizado ni masivo, ni gratuito. [Actualmente] las mujeres en nuestro país tienen uno o un hijo y medio más de los que desean. En aquella época tenían cuatro o cinco más de lo que era su ideal reproductivo. Entonces, [el aborto] era visto como un problema social de las mujeres que no podían encontrar una forma de tener sólo aquellos hijos que desearan realmente tener.

Al final, no es el aborto en sí, la disputa entre la vida del concebido en formación y la vida de la mujer, sino que tiene que ver con cómo se considera que la mujer es un sujeto, un sujeto de derecho, un sujeto autónomo y un sujeto con moral y dignidad propia. Como he señalado, la Constitución del 79 reconocía que la mujer era un sujeto y que tenía iguales derechos, y entonces había que cambiar la obligación del débito conyugal que teníamos las mujeres en el matrimonio. Se trata de cambiar todas estas regulaciones que significan sus posibilidades de decir y enunciar sus deseos y su consentimiento.Eso es lo que cambia en el 89 con el proyecto del Código Penal.

Al pasar a otro momento para nuestra sociedad, en los años noventa, el tema del aborto se mantenía en el radar de las mujeres, ¿pero quizá no tanto en el de los políticos?

Desaparece un poco de la agenda de los políticos, sí, pero nunca desaparece de la agenda de los movimientos feministas ni de los otros movimientos o grupos de mujeres. El proyecto de Código del 89 no llega a promulgarse, y va ser el código que promulga Alberto Fujimori en el 91. Las feministas están haciendo sus demandas, y, al final, lo que se aprueba es un Código Penal donde lo único que se despenaliza es lo que ya estaba despenalizado desde 1924, que es el aborto terapéutico. Se repite la misma fórmula que tenemos hoy en el artículo 119 del Código Penal. No despenalizan más para no pelearse con la iglesia, y van a considerar los abortos como “atenuados”, poniéndoles una pena pequeña: si mi embarazo es producto de una violación “fuera del matrimonio”, la pena va a ser de tres meses. Pero al ser un delito, seguía siendo clandestino. Luego, entre las respuestas a la violencia política, el autogolpe, el proceso constituyente del 93, otros temas toman la agenda y ganan en los movimientos. En esos años, prácticamente no vas a encontrar, desde las organizaciones de mujeres, muchas propuestas en este sentido. Muchas de las que trabajábamos en barrios o en comunidades, tuvimos que replegarnos por la violencia política, los paros armados... se nos advertía. Lo otro era que para todos estos grupos armados, esas agendas que tenían que ver con los derechos de las mujeres, su autonomía, su libertad sexual, eran frivolidades, cosas pequeño burguesas. Y, desde los propios movimientos de derechos humanos, que estaban abocados a las violaciones de los derechos civiles y políticos por parte del Estado, también nuestras demandas eran consideradas frívolas.

¿Encuentras una continuidad entre los argumentos jurídicos y políticos de entonces y los de tiempos más recientes, respecto a la despenalización del aborto?

Desde los grupos más conservadores en la política, el argumento era el derecho a la defensa de la vida del concebido. Y también había argumentaciones religiosas, dogmas: si es pecado o no, si la mujer tendrá que ir a exculpar sus penas. Esa idea es una forma de tutela sobre la mujer; como es un pecado, un asunto inmoral, no vamos a dejar que la mujer se manche, que se contamine, hay que protegerla porque no sabe muy bien lo que hace. Se argumenta que la libertad de la mujer no podía llegar a vulnerar el derecho a la vida. En ese momento en el derecho constitucional no se hablaba del principio de ponderación. Cuando la vuelta a la democracia, tuvimos una comisión revisora que dirigió Henri Pease, para la reforma de la Constitución. Y en esas discusiones hubo mucha presión de los grupos conservadores de ese momento, que querían colocar en la Constitución Política la prohibición del aborto, tal cual. Al final, lograron una fórmula que era más o menos “se prohíbe los abortos que no estén ya despenalizados”, ello para mantener el statu quo, que era el aborto terapéutico, Al final, todo ese proceso de reformas quedó en nada.

Luego hemos tenido otros intentos de reforma. Entre el 2006 y el 2011 una comisión revisora del Código Penal, compuesta de juristas, que vota por la despenalización del aborto, y se logra retomar el proyecto como había quedado en el 89: la despenalización del aborto por la causal de salud, vida, violación y también por malformaciones incompatibles con la vida. Esta despenalización se entregó al Pleno del Congreso, que ya no la discutió en 2011. Inmediatamente en el 2012, las organizaciones feministas se reunieron para movilizarse. Y así lanzamos la campaña por la despenalización del aborto en casos de embarazo por violación, de inseminación artificial no consentida o traslado de óvulos, que aunque la gente cree que esto es exótico, en realidad sí sucede. Lamentablemente, en el Congreso, el proyecto fue enviado al archivo en la Comisión de Constitución y también en la de Justicia. La disputa ya no es jurídica, los argumentos que se usan desde el otro lado se presentan como jurídicos, tergiversando, porque el derecho ha evolucionado mediante fallos del Tribunal Constitucional, no en temas específicos de aborto, pero sí en lo que toca a la autonomía, la dignidad, el libre desarrollo de la personalidad.

Y el propio derecho a la vida, o sea, la proporcionalidad…

El propio derecho a la vida. Están los desarrollos de los precedentes internacionales, como son de la Corte Interamericana, obligatorios para nosotros; respecto a la valoración del derecho a la vida, a la protección del concebido, respecto a si se protege, en realidad, a la mujer. El último es el caso “Paola Guzmán contra Ecuador”, el caso de una niña de doce, trece años, violada por el director en la escuela. Un embarazo, un aborto y un suicidio, tiene todas esas características. En este caso la Corte Interamericana hace un desarrollo del derecho a la vida de Paola Guzmán, dice: el hecho de someterla a vivir de esa manera, a imponerle un embarazo y una prohibición de aborto es una indignidad de la vida, y vivir en condiciones indignas es un atentado al derecho a la vida. Entonces la disputa no va más por lo jurídico.

¿Qué diferencias ves desde Perú, en relación a otros países de la región, en cuanto a legislar sobre el aborto?

Yo creo que hay una diferencia bien importante y tiene que ver con el sistema de partidos políticos. Las agendas de los partidos incorporan el tema. Primero, es acuerdo de partido, y segundo, hay un convencimiento de esa propia agenda. En Perú tenemos ahora restos del sistema de partidos. Además, aquí los partidos de centro se fueron a la derecha, los que se llamaban socialdemócratas. El tema de controlar la agenda de la bancada o que la bancada rinda cuentas también, a su propio partido, no se da en el Perú. Lo otro, es la organización en el Parlamento. Luego, hay como una transversalidad en el movimiento, nosotros hemos sumado algunos grupos, pero falta sumar algunos otros de la sociedad civil.

En el caso de la campaña para la despenalización en 2012, esto se hace en organizaciones feministas, de allí se abre a colectivas, a ciudadanía en general. Fue un proceso muy importante porque el camino no fue como históricamente se había hecho, a través de un grupo parlamentario que presentase la iniciativa, sino que se decidió trabajarlo desde la ciudadanía; bajar a plazas, mercados, conversar, movilizar gente, hacer pedagogía ciudadana. Recogimos más de cien mil firmas para una iniciativa ciudadana que llegó al Congreso. Sacar la información y trasladarla a los otros, da poder a la ciudadanía. Primero, ponerse de acuerdo entre todas las organizaciones, luego, abrirlo a la ciudadanía en general. Lo que pasó en ese momento y creo que eso es lo que ha ocurrido también en los procesos de la región es que las propuestas se “desoenegeizan”, y eso es lo que al final se traduce en la aprobación y en los avances.

La estadística sobre embarazos no deseados en la Encuesta Nacional de Hogares, registra un número importante no solo de embarazos en adolescentes sino de embarazos no deseados de mujeres adultas. ¿Qué explicación encontrarle a esto? ¿Violencia sexual, falta de educación sexual, una mezcla de todo?

En el embarazo no deseado de las mujeres se juegan un montón de elementos. Falta de métodos anticonceptivos, relaciones de poder al interior de la pareja, de permitir o no usar métodos, de usar anticonceptivo oral de emergencia. Y allí nos encontramos también con el tema de las niñas que, lamentablemente, cuando se descubre el embarazo, ya no funciona la anticoncepción oral de emergencia. Por eso es importante la fórmula que ha aprobado el parlamento argentino, que da un sistema de plazos: un plazo hasta el que es permitido sin ninguna causal, se considera que si la mujer solicita un aborto sabe por qué lo solicita. Pasadas esas semanas, se exige señalar una causal. Se confía en su capacidad de sujeto moral, en su capacidad de sujeto autónomo, y como sociedad, en no culpar ni señalar a la mujer. Ahora vemos que se compara un aborto con un asesinato.

¿Qué posibilidades ves de que en el Perú progrese una legislación en favor del aborto? ¿ o hay que pensar en la vía judicial antes que en la legislativa?

No se excluyen. A mí me parece que, en el contexto del Perú, lo que mejor va a funcionar dada nuestra debilidad institucional y el sistema de partidos, es aglutinar movimientos, ciudadanía. Es una acción ciudadana la que va haciendo pedagogía. Una acción judicial, no es algo descabellado. Ahora tenemos el caso “Camila” que está en el Comité de los Derechos del Niño, y que es el caso de una niña de una comunidad indígena, violada por su padre, embarazada, que tuvo un aborto espontáneo, criminalizada por la Fiscalía que investigaba la violación, por lo que tuvo que mudarse de su comunidad, es decir que hay una migración forzada por esta situación.

¿Crees que con el tiempo se ha producido un endurecimiento en las posiciones en contra del aborto en nuestro país? ¿Cómo observas el escenario?

Yo creo que socialmente hemos ganado en despenalización, y creo que hay un endurecimiento desde algunos sectores y actores del Estado en los servicios. Eso se refleja en la criminalización, en las denuncias, en la actitud en los establecimientos de salud. Muchas veces se reduce a auxiliar a la mujer o adolescente que ha sido detenida, y no hemos hecho el otro lado de nuestro trabajo, que es buscar la sanción de los sujetos que han actuado indebidamente, que han tomado una declaración a una mujer esposada en una cama o a una mujer que está sedada, o que la han presionado, condicionando su atención de salud a su declaración, todas esas son vulneraciones graves a los derechos humanos.

Y para despenalizar en casos de violación, ¿qué argumentos hay a favor y en contra actualmente en nuestro país?

Yo diría que argumentos a favor, todos. El de la vida digna y cómo la violación y el embarazo forzado son considerados como vida indigna y atentados contra el derecho a la vida. Está también el avance de la autonomía y derecho al libre desarrollo de la personalidad que ha hecho nuestro propio Tribunal Constitucional. Un embarazo forzado es un atropello al proyecto de vida de una mujer. Hoy en día, hay un reconocimiento de todos los países de América Latina al derecho a la vida desde la concepción, y eso no impide despenalizar el aborto porque se reconoce -como se reconocen los tratados internacionales- que la protección al derecho de la vida es progresiva e incremental. También se ha avanzado en términos de derechos al decir que la protección de la vida del concebido es a través de la vida de quien está gestando. La propia Corte Interamericana ha dicho que el concebido no es persona. Los derechos que están reconocidos en la Convención son derechos para las personas, y nuestra Constitución reconoce que el fin supremo de la sociedad y del Estado somos las personas.

¿Consideras que se contrapone la demanda de aborto por causales con la del aborto como derecho reproductivo?

No se contraponen. Presionar por un aborto por causales o como derecho, tiene que ver con los momentos, con el análisis político y social que se hace sobre lo que se considera más viable. Es una discusión que se da dentro del movimiento.

¿Cómo ves a los feminismos en la discusión actual sobre el aborto? Siempre han tenido un rol protagónico, pero ¿qué les toca hacer ahora?

Los feminismos han tenido un rol protagónico, es cierto, y yo creo que lo que nos toca es abrirnos cada vez más, a más. Nos hace falta unirnos con más movimientos. A veces, consideramos el derecho al aborto como un “hijo nuestro”, cuando tendría que ser de toda la sociedad peruana.